Por Gloria Juliá Pérez, Socia-Abogada de Sáinz de Baranda
Una mirada jurídica y estratégica a las herramientas que permiten preservar el legado cuando la familia y la empresa se confunden.
La empresa familiar es una construcción única que nace de una visión empresarial, pero se sostiene sobre vínculos afectivos, historias compartidas y lealtades que a menudo trascienden lo puramente económico. Y es precisamente esa doble naturaleza, que la hace profundamente humana, la que también la vuelve especialmente vulnerable.
No suelen ser las crisis del mercado ni los cambios regulatorios los que ponen en riesgo su continuidad, sino las tensiones internas, los desacuerdos entre generaciones, las expectativas no alineadas o pequeñas rivalidades que, cuando no se gestionan a tiempo, se convierten en fracturas estructurales.
El error más habitual en este tipo de empresas es creer que la confianza basta, que el afecto compensa la falta de reglas, o que los conflictos pueden resolverse “hablando en casa”. Pero la realidad es otra, cuando no se han definido responsabilidades, procesos y límites, cada discrepancia amenaza con desbordarse hacia el ámbito empresarial.
Toda familia, incluso la más unida, atraviesa momentos de tensión, ya sean derivados de cambios generacionales, diferencias de visión en la gestión del negocio, incorporación de nuevos miembros o desequilibrios entre quienes trabajan dentro de la empresa y quienes permanecen al margen…
Es precisamente para evitar ese escenario que el “protocolo familiar” se convierte en el instrumento más eficaz, que lejos de ser un documento formal o simbólico, actúa como un mapa de estabilidad pues ordena la relación entre familia y empresa, aclara expectativas, define cómo se toman las decisiones, regula la entrada de nuevas generaciones y establece mecanismos para resolver conflictos antes de que escalen, ya que permite anticipar ese terreno frágil y su valor reside en poner por escrito, cuando todo está en calma, las reglas que regirán la convivencia cuando lleguen los desacuerdos, que irremediablemente en la mayoría de los casos acaban llegando.
Junto a él, el adecuado blindaje de las participaciones garantiza que la propiedad permanezca cohesionada y protegida frente a tensiones internas o decisiones.
Un protocolo bien diseñado aborda cuestiones que parecen evidentes, hasta que dejan de serlo, entre ellas: cómo se toman decisiones relevantes, qué papel puede desempeñar cada miembro de la familia, cómo y cuándo pueden incorporarse nuevas generaciones, qué ocurre si alguien quiere salir del proyecto o qué vías existen para resolver conflictos internos.
Gloria Juliá Pérez, Socia-Abogada y Directora del Departamento
Jurídico – Civil Procesal de Sáinz de Baranda
La clave no es el documento en sí, sino el proceso que genera: obliga a hablar, a sincerarse, a establecer expectativas, a escucharse.
Si el “protocolo” ordena la convivencia, el “blindaje de las participaciones” protege la esencia: la propiedad. Una empresa familiar es, ante todo, un proyecto compartido, pero si las participaciones se fragmentan, se transmiten sin control o terminan en manos no alineadas con la visión familiar, la estabilidad se resquebraja, por eso el blindaje no implica desconfianza, implica responsabilidad. Las restricciones a la transmisibilidad; los derechos de adquisición preferente; los pactos de sindicación o las cláusulas de arrastre y acompañamiento, permiten mantener la cohesión y evitar bloqueos.
Al final, toda empresa familiar aspira a lo mismo, la continuidad del legado, que el sueño de quienes la fundaron trascienda generaciones, y esa continuidad no depende de la buena voluntad, ni de la cercanía afectiva, ni de la intuición, depende de haber construido, desde la calma, un sistema capaz de resistir los momentos difíciles, porque cuando la familia y la empresa se confunden, el protocolo y el blindaje de las participaciones son los instrumentos que aseguran la continuidad y la gobernanza del proyecto.
En definitiva, el futuro de la empresa familiar se define antes de que surja el conflicto, y hacerlo con el acompañamiento de profesionales especializados no solo aporta rigor y seguridad jurídica, sino que constituye, probablemente, el mayor acto de responsabilidad hacia las generaciones que recibirán el legado familiar.
